20 de noviembre de 2012

Un año de gobierno popular, un año de retrocesos sociales


Sec. General JSPV-Paterna

Hoy se cumple un año desde que el Partido Popular ganara las elecciones generales. 12 meses en los que lejos de avanzar en la historia hemos retrocedido décadas, abandonando avances sociales que han hecho progresar nuestra sociedad.

Mariano Rajoy llegó a la Moncloa asegurando a los españoles que tenía la receta para arreglar la situación económica que sufría, y sufre, el Estado. Pero, como dice el refrán, “mucho prometer hasta meter y después de metido nada de lo prometido”. Llegó con un programa electoral que no ha hecho más que incumplir sistemáticamente, haciendo lo contrario de lo que prometió que iba a hacer, constituyendo el mayor fraude hacia la ciudadanía española que se ha vivido en este país. Y llegó además diciendo que aspiraba “a gobernar con verdad, responsabilidad y transparencia”, y después de este año de gobierno podemos decir que no ha hecho más que engañar, maquillar y falsear la realidad con ayuda de la caverna mediática.

Prometió atajar el problema del paro pero puso en marcha, durante los primeros meses de gobierno, una reforma laboral que, no sólo supuso un retroceso enorme en los derechos de los trabajadores, además ha supuesto el abaratamiento del despido haciendo que aumentaran durante este año los expedientes de regulación de empleo casi un 70%, ha hecho que los trabajadores se encuentren en una situación más precaria y ha sido una de las causas de que el desempleo aumentara hasta situarse alrededor de los 6 millones de parados y la tasa de paro aumentara hasta el 25%.

Además pese a las duras medidas de ajuste que están estrangulando la economía, que ha entrado de nuevo en recesión, y a los ciudadanos, el Gobierno no ha conseguido atajar el déficit del Estado que ha aumentado en unos 10.000 millones de euros, ni disminuir la deuda pública que está 7 puntos por encima de lo que estaba hace un año. Es más, lejos de exigir un mayor esfuerzo a los que más tienen, el Gobierno ha llevado a cabo una amnistía fiscal para aquellas personas que defraudaron mientras sube la presión fiscal a las rentas del trabajo y sube los impuestos indirectos que gravan por igual a aquellos que tienen menos recursos y a los que más tienen, creando más desigualdad social.

Esta política económica y el constante ataque a todos y cada uno de los pilares del Estado del Bienestar mediante una serie de recortes ideológicos auspiciados por la política de la austeridad propiciada por Europa con Merkel a la cabeza y que está llevando al desastre a las economías de la Unión, ha llevado a la ciudadanía a estar en constante lucha por sus derechos. Esto se ha traducido en una serie de protestas y dos huelgas generales en menos de un año. Para intentar atajar esto el Partido Popular ha atacado directamente las libertades civiles. Ha puesto en marcha la más dura reforma del Código Civil que criminaliza las protestas, haciendo directamente responsable al convocante de una manifestación de todo lo que pueda pasar durante la celebración de la misma, incluyendo un nuevo delito que penalizará a quién convoque movilizaciones por vía de las redes sociales y cambiando el delito de atentado contra la autoridad para así poder incluir en él la resistencia pasiva y pacífica. Además el Gobierno planea prohibir la difusión de imágenes y vídeos de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones mediante la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, en un claro atentado contra la libertad de prensa y al derecho de información de los ciudadanos.

Las mujeres han visto también mermados sus derechos durante este año. La reforma de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que está preparando el Gobierno volverá a dejar a miles de mujeres desamparadas y sin poder de decisión sobre su propio cuerpo. Además la política llevada a cabo por el Partido Popular ha supuesto un verdadero retroceso en materia de igualdad:

  • Han desaparecido gran parte de las ayudas de la Ley contra la Violencia de Género
  • Han desaparecido –anulados por la Reforma Laboral- los planes de igualdad en las empresas
  • Han desaparecido las bonificaciones cuando se reincorpora una mujer, tras una excedencia por cuidado de un hijo.
  • Se ha limitado y condicionado el derecho a la jornada reducida y el permiso de lactancia.

España es hoy, además, un país en el cual se invierte menos en educación, investigación y desarrollo, y en el que no todo el mundo tiene asegurada la cobertura sanitaria. Un país en el que se están desmantelando y privatizando los servicios públicos en detrimento de la calidad de vida de los ciudadanos.

Para los jóvenes el conjunto de políticas llevadas a cabo por el Gobierno de Rajoy son una condena y suponen la hipoteca de nuestro futuro.  Tras un año de gestión el Gobierno ha condenado a los jóvenes, que sufren más de un 50% de tasa de desempleo, a la precariedad laboral y a los bajos sueldos, ha eliminado la Renta Básica de Emancipación, ha recortado las becas universitarias y cambiado los requisitos para acceder a ellas y ha vetado el acceso a la sanidad pública y gratuita a miles de jóvenes. Con este panorama muchos de los jóvenes de nuestro país se plantean emigrar para encontrar fuera las oportunidades que no encuentran aquí, lo cual constituye un problema para el futuro del Estado Español y una merma en capital humano que se traducirá en una merma de la capacidad innovadora y emprendedora de nuestro país.

Los valencianos tampoco hemos salido ganando con el Gobierno popular. Rajoy ha recortado drásticamente la inversión en tierras valencianas y ha paralizado la reforma del Estatut que pretendía mejorar la financiación del País Valencià, que ya había sido aprobada por les Corts Valencianes.

Este es el primero de los cuatro años que dura la legislatura y el señor Rajoy ya ha conseguido meter al país en una máquina del tiempo que nos ha hecho retroceder décadas. Nos quedan por delante tres años duros en los cuales, si se sigue como hasta ahora, las desigualdades y el desmantelamiento del Estado del Bienestar van a aumentar. Por lo tanto los ciudadanos tenemos el derecho, y la obligación, de defender nuestros derechos y movilizarnos contra unas políticas que lejos de sacarnos de la crisis nos están hundiendo más en la miseria.

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