28 de marzo de 2008

El Defensor del Pueblo recurre al Constitucional la gestión de la Ley de Dependencia que hace el Consell

El Defensor del Pueblo anunció ayer la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la disposición que introduce el silencio administrativo negativo para resolver las solicitudes para las ayudas a la dependencia. El PP cambió la ley a través de una enmienda a la ley de presupuestos de 2008, ahora cuestionada. El objetivo era hacer frente a la avalancha de peticiones que la Conselleria de Bienestar Social no había resuelto.

El Consell que preside Francisco Camps tiene desde ayer un nuevo quebradero de cabeza respecto a la aplicación de la Ley estatal de Dependencia en la Comunitat Valenciana. El Defensor del Pueblo anunció ayer la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la disposición de la Ley de Presupuestos de la Generalitat de 2008 en la que se regula el silencio administrativo negativo en los procedimientos para el reconocimiento de las situaciones de dependencia y el derecho a las prestaciones reconocidas en la norma estatal. La medida, que el PP introdujo durante el trámite parlamentario mediante una enmienda al presupuesto, fue un intento desesperado del Consell para hacer frente a la avalancha de solicitudes que Bienestar Social no había resuelto.

La ley establece que si en 60 días un ciudadano no recibe respuesta de la Administración a una petición, esta queda automáticamente concedida. La excepción al silencio administrativo positivo sólo puede hacer por ley. El problema jurídico, que incluso en privado algunos cargos populares reconocían, es que la modificación se hizo a través del texto articulado de la ley de presupuestos y no por la ley de acompañamiento cuyo plazo de presentación de enmiendas había finalizado.
Esta vía de agua fue detectada por la Federación de Servicios Públicos de la UGT que instó al Defensor del Pueblo a recurrir la ley. La institución ha atendido al sindicato y ayer anunció la interposición del recurso contra la citada disposición (la adicional número 11) que basa "en que no cumple con las condiciones establecidas por la Tribunal Constitucional para delimitar el ámbito dentro del que puede incluirse una materia concreta en una ley de presupuestos". "Para que la regulación de una materia ajena a la Ley de Presupuestos sea válida, es necesario que tenga relación directa con los gastos e ingresos que integran el presupuesto, o bien con los criterios de política económica en los que debe estar basado". Sin embargo, añade el Defensor en un comunicado, "la norma recurrida no tiene relación alguna con los gatos e ingresos del presupuesto, dada su absoluta falta de repercusión económica". El recurso se argumenta además en el hecho de que "la inclusión injustificada en una ley de presupuestos en materias ajenas a la misma es contraria a la Constitución porque afecta nuevamente al principio de seguridad jurídica por la incertidumbre que pueda generar en el ciudadano". La nota concluye además con una velada crítica a la actuación del Ejecutivo. "El Defensor del Pueblo no puede permanecer impasible ante la entrada en vigor de esta disposición mediante un procedimiento impropio, que afecta a un colectivo de ciudadanos necesitados de especial protección, por ello considera oportuno presentar el mencionado recurso para velar porque los poderes públicos cumplan con su obligación, además de por razones de justicia social para un colectivo vulnerable".

Aunque el recurso no cuestiona el fondo de la disposición sino el procedimiento usado, supone un auténtico torpedo a la línea de flotación del Consell. Las consecuencias jurídicas del recurso pueden ser enormes si el TC lo admite a trámite. Para empezar, el silencio negativo podría quedar en suspenso.

"Algo meramente formal"

Por su parte, la Generalitat Valenciana aseguró ayer que el recurso presentado por el Defensor del Pueblo se refiere "a algo meramente formal", como es "que se haya modificado el sentido del silencio administrativo en esa norma", según fuentes del Consell.

Así, estas fuentes señalan que el recurso no cuestiona la gestión de la Ley de Dependencia por parte de la Generalitat, "ni tampoco las ayudas que se están otorgando ni el número de personas que se están atendiendo".

Por otro lado, Antoni Femenía, responsable de Servicios Sociales de la FSP-UGT, el sindicato que presentó la denuncia ante el Defensor del Pueblo, denunció ayer que, con el silencio administrativo negativo, "lo que pretende el Consell es que, en el caso de que incumpla su obligación de dar las ayudas, los damnificados sean los ciudadanos".

Para Femenía, el problema de fondo, "no es sólo el boicot del Consell a la ley de la Dependencia del Gobierno, sino que sus prioridades no son las personas dependientes". "Tenemos un Consell un poquito ludópata, porque está cogido al juego de las carreras de coches, las regatas, de las macromisas y de los grandes actos y diversiones".
(Fuente periódico Levante)

1 comentario :

  1. Ya vemos lo que le interesa al gobierno Valenciano el bienestar de las personas, en éste caso se trata de las personas dependientes. Ayyyy, como se os ve el plumero!!! Mucho F1, mucha America's Cup pero las cosas básicas, es decir, lo que que necesita la gente para poder VIVIR, como institutos, hospitales, etc... NADA DE NADA!!!

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